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La Procuraduría General de la Nación considera pertinente someter a un análisis y/o estudios técnicos y científicos los proyectos minero-energéticos en los cuales se contemplen variables ambientales, económicas y sociales con el fin de establecer con anterioridad los riesgos y oportunidades que la actividad extractiva representa para cada municipio, previo a la convocatoria de consulta popular.

Esta fue la conclusión del conversatorio ‘Consulta popular y sector minero-energético’, convocado por Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, donde se señala que los procesos podrían terminar de manera responsable y racional si se acude a ese mecanismo de participación democrática donde se respete la protección del medio ambiente y los ecosistemas, y se dé oportunidad al crecimiento del desarrollo económico y sostenible de las regiones.

El conversatorio tuvo por objeto el facilitar un escenario en el que las autoridades locales y el gobierno nacional expusieran sus argumentos, con respecto a los proyectos minero-energéticos, las competencias territoriales sobre los mismos y los mecanismos de participación ciudadana.

Para el Ministerio Público también se evidenció la importancia de contar con una ley orgánica que defina claramente las competencias de los entes territoriales y del Gobierno Nacional en los proyectos minero-energéticos, la separación y cualificación del licenciamiento social independiente del ambiental y la identificación de niveles de instrumentos técnicos para la valoración de riesgos y oportunidades”.

El Delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Leandro Ramos, anunció que “con el propósito de llevar a la práctica las conclusiones mencionadas se elaborará una directiva que establezca procedimientos que incluyan las etapas y actividades que deben agotarse antes de optar por la convocatoria y realización de una consulta popular”, y añadió “esta Delegada actuará como punto de convergencia para la elaboración de un proyecto de ley orgánica”.

Durante el conversatorio intervinieron alcaldes de Antioquia, Quindío, Cundinamarca, Santander, Tolima, Caldas, Casanare, Meta, Boyacá, César, Risaralda y Huila, que adelantan o adelantaron consultas populares, con el fin de “autorizar” o “prohibir” el desarrollo de proyectos minero-energéticos

También participaron los presidentes de la Agencia Nacional de Minería, Silvana Habib Daza, y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANI), Orlando Velandia Sepúlveda; el Viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante Puentes; la Directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Claudia Victoria González Hernández; un representante de la Dirección de Asuntos Ambientales, Sectoriales y Urbanos del Ministerio de Ambiente, y el experto Juan Fernando Londoño.

Fuente: Prensa Procuraduría General de la Nación

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