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El gobernador Omar Gutiérrez aprobó la letra chica de la ley de alerta hídrico-ambiental. Lo hizo a través de un decreto, en el que responsabilizó a los municipios por el control de la contaminación, así sean vertidos cloacales, pluviales o industriales.

El decreto es el número 1326/18 y reglamenta una ley sancionada en junio del año pasado, luego de sucesivas marchas contra la contaminación de los ríos en la Confluencia. En la reglamentación, Gutiérrez enfatizó que los municipios son “especialmente responsables” de controlar los vertidos a los ríos porque “son los dueños de los servicios que se prestan en sus localidades”, tanto de agua como de cloacas, y manejan los desagües pluviales y aluvionales.

El decreto establece que cada comuna deberá controlar, junto con la concesionaria del servicio cloacal, todos los vuelcos finales “y los vertidos particulares a las redes públicas”.

También tendrán que monitorear sus sistemas pluviales o aluvionales y asegurarse de que no haya una “invasión” de residuos arrastrados por la lluvia en la red cloacal.

Además, los municipios deberán asegurar, “con inspecciones periódicas, que los frentistas de su localidad posean las descargas pluviales de sus predios a terrenos absorbentes o a la cuneta exterior de la vía pública”.

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