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El emblemático río de los siete colores fue amenazado por incendios causados por manos criminales y que arrasaron con decenas de hectáreas de vegetación. La Fuerza Pública responsabiliza a disidentes de las Farc, pero investigadores advierten que el problema es más complejo. ¿Quiénes está detrás de este ecocidio?

Desde hace varios meses la Fuerza Pública adelanta la Operación Artemisa en los Parques Nacionales Naturales (PNN) La Tinigua, serranía de La Macarena y cordillera de Los Picachos -ubicados en límites entre Meta y Caquetá-, gracias a la cual, según el Ministerio de Defensa, se lograron recuperar 1.900 hectáreas para detener el avance de la deforestación en esa zona. Luego de que el ministro Carlos Holmes Trujillo presentara el balance del operativo, en la noche del pasado sábado un voraz incendio consumió un área aún por determinar de La Macarena que amenazó con llegar a Caño Cristales. Aunque la Fuerza Pública apunta el dedo hacia las disidencias de las Farc ¬ que ejercen control territorial en la zona¬ para responsabilizarlos de la conflagración, otras voces aseguran que el problema es más complejo.

Según Holmes Trujillo en su intervención el pasado sábado, los Grupos Armados Organizados Residuales utilizan áreas del parque “como bases aéreas y corredores de movilidad para actividades criminales, que comprometen no solo recursos estratégicos de la nación, sino la vida, la integridad y los derechos de las comunidades”. Y añadió que “están deforestando para sembrar coca, seguir matando, seguir acabando con el medioambiente y contaminar las fuentes de agua. Eso es lo que hace el narcotráfico”.

La Defensoría del Pueblo, que alertó sobre el incendio de la noche del sábado, lo hizo con un mensaje contundente: “El incendio provocado contra la serranía de La Macarena, a la altura de Caño Cristales, es un atentado contra la humanidad”. Aunque la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo informó que la conflagración fue controlada en su totalidad, aún no es claro quiénes podrían estar detrás del hecho.

Por hechos relacionados con la deforestación, el sábado pasado fueron capturados 12 hombres y 8 mujeres, quienes serán procesados por delitos ambientales, y a quienes, según un comunicado firmado por la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y otras organizaciones, “se les leyó un documento en el que se les atribuye su presunta responsabilidad en el delito de invasión a Parques Nacionales Naturales”. Algunos, dijo Trujillo, tenían órdenes de captura previas y otros fueron capturados en flagrancia.

Lo que denuncian las organizaciones que acompañan el caso es que se “han capturado y judicializado sistemáticamente a campesinos por el solo hecho de habitar dentro de los PNN, sin tener en cuenta que muchos de ellos han vivido allí desde antes de que el lugar fuera declarado PNN” y que en “estos operativos se han evidenciado múltiples vulneraciones al debido proceso”. Además, que los campesinos que habitan la zona, si bien se puede presentar que algunos estén directamente involucrados con la deforestación, terminan en tal situación por el abandono estatal y vivir en el fuego cruzado entre las disidencias de las Farc que controlan la zona.

Tomada de: El espectador

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