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Los argumentos para reanudar la aplicación de este método son poco convincentes, según estos expertos ambientales. La evidencia científica, dicen, correlaciona el uso del glifosato con la pérdida de la biodiversidad.

Durante las últimas semanas, en medio de la crisis humanitaria que afronta el país por causa del COVID-19 y las masacres ocurridas en las provincias, el glifosato apareció de nuevo en el debate público. Esta vez por la insistencia del Gobierno en levantar la suspensión y reanudar las aspersiones aéreas con este herbicida. En medio de tanta pasión política, es necesario que las decisiones públicas se tomen con base en la mejor evidencia técnica y científica disponible, los mandatos legales y la conveniencia para el futuro del país.

Las cifras del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) indican que en 2016 el glifosato representó el 17 % del total de litros comercializados de herbicidas de uso agrícola en el país. Se distribuyeron cerca de diez millones de litros —el equivalente al agua contenida en 359 piscinas de tamaño promedio—. Cabe señalar que entre 1994 y 2015 se asperjaron aproximadamente dos millones de hectáreas de cultivos ilícitos, lo cual nos da una idea de la magnitud de esta operación.

El uso del glifosato es generalizado en el país: se aplica en cultivos de amplia comercialización como caña de azúcar, arroz, plátano, palma aceitera, maíz, algodón, frutales, cítricos y verduras, entre otros. Dichos usos hasta la fecha no tienen control alguno y se desconocen las rutas fitosanitarias del glifosato en estos productos.

En el caso de las aspersiones aéreas con glifosato, se ha dado un amplio debate que demuestra su inconveniencia como método de erradicación de cultivos de uso ilícito, ya que es irrazonablemente costoso y tiene una tasa de resiembra de más del 60 % en zonas donde ya se había erradicado.

Tomado de: Diario El Espectador

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