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Según el nuevo decreto instaurado por la Superintendencia de Notariado y Registro, el cual busca verificar el historial de las matrículas de predios rurales y determinar si son propiedad privada o no.

La norma promete dar una solución a la informalidad en la propiedad de predios rurales, el presidente Juan Manuel Santos el pasado 27 de marzo explicó que el decreto contribuirá a mejorar la calidad de vida de los habitantes rurales, quienes podrán acceder a programas de formalización de propiedad dirigidos por el gobierno, debido a que el 36% de los folios de matricula inmobiliaria tienen antecedentes de informalidad.

El debate entra debido al decreto 578 del 27 de marzo del 2018, debido a una inquietud sobre la Superintendencia de Notariado y Registro se le dan facultades que por ley les corresponden a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y a los jueces. La norma le da la función a la Superintendencia de verificar los registros (hacer un estudio, en otras palabras) para, en últimas, saber si una tierra (que no puede exceder una Unidad Agrícola Familiar o UAF) es propiedad privada.

Más aún, le permite expedir los actos administrativos necesarios en esa verificación, en los que constaría la existencia de una propiedad privada y no de un baldío, actos que quedarán consignados en los expedientes de los predios. Esos actos administrativos, explicó el superintendente, Jairo Mesa, en Sogamoso, servirían para decirles a los jueces que en determinado predio hay propiedad privada. Mesa fue enfático en que la entidad que lidera no emitirá títulos.

No obstante, para Jhenifer Mojica, subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el 578 desconoce lo que determinó el decreto ley 902 de 2017 –que la Corte Constitucional está estudiando–: que las decisiones administrativas sobre las tierras son de la ANT y que la última palabra la tiene un juez.

Pero, para Mojica, si bien el decreto parece estar fundado en una buena intención, que es formalizar la propiedad a pequeños campesinos, “es peligroso” al permitir determinar que una tierra es propiedad privada sin hacer claridad sobre los procesos, pruebas, debate, estudios de títulos o incluso la participación de las personas o de otras entidades como la Procuraduría, que habrá (o no) en el proceso de verificación a cargo de la Superintendencia. En últimas, el gran temor es el riesgo de despojo o de apropiación ilegal de baldíos, dice la subdirectora de la CCJ.

Tomado del diario el Espectador.com

 

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