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Al menos el 60% de la madera extraída en la última década de Loreto y Ucayali, las dos mayores regiones productoras de madera de Perú, era de origen ilegal al haber sido talada de zonas no autorizadas, según un informe de Global Witness.

La ONG británica recoge en su informe “El justiciero forestal” ese mercado mueve unos 112 millones de dólares al año.

El informe revela que la madera ilegal de la Amazonía peruana “se lava” para darle una apariencia de “origen lícito a través de diversas modalidades”.

Entre esas artimañas está la tala de árboles en áreas destinadas para la población local como las comunidades indígenas y la falsificación de la ubicación de árboles para inventar troncos inexistentes dentro de las concesiones forestales autorizadas.

También la confabulación de los madereros con los Gobiernos regionales, encargados de aprobar esos documentos donde se falsifica la información y de cambiar el uso del suelo, que permite deforestar áreas y dedicarlas a actividades agrícolas a fin de declarar falsamente que la madera provino de allí.

En ese sentido, Global Witness advirtió de que la independencia del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre de Perú, ente dedicado a detectar y denunciar la tala ilegal, ha sido debilitada por recientes decisiones del Gobierno peruano.

El Ejecutivo nacional decidió que el Osinfor esté adscrito al Ministerio del Ambiente y no a la Presidencia del Consejo de Ministros, mientras que anteriormente optó por que su presidente sea elegido por designación directa y no por concurso público.

Global Witness consideró fundamental que el Osinfor vuelva a actuar de manera efectiva porque en la última década ha revelado que se han talado ilegalmente al menos 2,5 millones de metros cúbicos de madera y que los madereros han falsificado más de 133.300 ubicaciones de arboles.

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