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Acaba de ser publicada la primera evaluación mundial sobre el estado de derecho ambiental. Llama la atención sobre la escasa aplicación de las leyes que exacerban las amenazas para el medioambiente, a pesar de la proliferación de leyes y organismos ambientales en todo el mundo en los últimos años.

En el informe de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente se llegó a la conclusión de que, pese a que la cantidad de leyes ambientales establecidas desde 1972 se multiplicó por 38, el fracaso a la hora de aplicarlas y hacerlas cumplir es uno de los mayores problemas para la mitigación del cambio climático, la reducción de la contaminación y la prevención de la pérdida generalizada de especies y hábitats. El informe se publica con el objetivo de que las empresas, la academia, los políticos y demás tomadores de decisión puedan abordar correctamente los desafíos que plantea el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC), en el que se insta a adoptar medidas con rapidez para transformar la economía mundial a una velocidad y magnitud que “no tienen precedentes históricos documentados”.

David Boyd, relator especial de la ONU sobre los derechos humanos y el medio ambiente afirmó que “a menos que se fortalezca el estado de derecho ambiental, incluso las normas aparentemente rigurosas están destinadas al fracaso y no se alcanzará el derecho humano fundamental a gozar de un medio ambiente saludable”.

Si bien el informe señala que la ayuda internacional contribuyó a que numerosos países concertaran más de 1.100 acuerdos ambientales desde 1972, lo cierto es que ni la ayuda ni el presupuesto interno dieron lugar a la creación de organismos ambientales sólidos capaces de hacer cumplir las leyes y los reglamentos con efectividad. Algunas de las causas serían: En el informe se dedica considerable atención a una tendencia que reviste particular preocupación: la creciente resistencia a las leyes ambientales, que favorecen los casos de hostigamiento, amenazas de detenciones arbitrarias y asesinato de los defensores del medio ambiente. Entre 2002 y 2013, 908 personas –entre ellas, guardabosques, inspectores gubernamentales y activistas locales– fueron asesinadas en 35 países y, solo en 2017, fueron asesinados más de 200 defensores del medio ambiente.

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