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En noviembre de 2017, durante el IV Evento Finanzas del Clima, el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas señaló que Colombia era uno de los países pioneros en la implementación de impuestos verdes. En aquel evento aseguró que el recaudo del denominado impuesto al carbono, que se creó en la reforma tributaria de 2016 (Ley 1819) y se cobra a los combustibles fósiles, era de cerca de 700.000 millones de pesos anuales y se invertían “especialmente para reducir la erosión costera, cuidar nuestros recursos hídricos y proteger ecosistemas”.

En septiembre de ese mismo año Cárdenas, ante representantes del Banco Mundial, dijo que “Colombia está comprometida con las políticas y reformas fiscales que nos ayudan a implementar con éxito el Acuerdo de París, tal como lo evidencia la Reforma Tributaria Estructural aprobada el año pasado, que implementó desde los impuestos sobre el carbono hasta la adopción de acciones de política para fortalecer la resiliencia social y económica”.

Un año antes, como parte de la justificación de esa reforma tributaria, Cárdenas uso la idea del impuesto al carbono como señal del espíritu progresista del proyecto y el compromiso del gobierno con la protección ambiental: “El país tiene un compromiso de reducir las emisiones en un 20% antes del 2030, entonces tenemos que ir directamente a las fuentes de esas emisiones, con un gravamen a los combustibles fósiles”.

La Procuraduría General de la Nación le solicitó esta semana al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, así como al Fondo Colombia en Paz, esclarecer las cuentas del impuesto al carbono. El impuesto al carbono, siguiendo una tendencia en mundial, se creó con el propósito de compensar los costos ambientales que genera la quema de combustibles fósiles y al mismo tiempo enviar una señal de mercado para que disminuyeran sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Tomado de: Diario El Espectador

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