Esa reforma debería integrar, a su juicio, criterios que trasladen los costes ambientales a los responsables de actividades económicas impactantes, ayuden a reducir desequilibrios sociales, bonifiquen las buenas prácticas ambientales , según los representantes de las cinco principales ong conservacionistas: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF.
Estas organizaciones han presentado hoy su documento que considera necesario definir tres bloques fiscales, el primero de los cuales incluye la introducción de criterios ambientales en impuestos ya existentes como el IVA, el IRPF, el Impuesto de Sociedades, los impuestos sobre hidrocarburos o el canon del agua.
Un segundo bloque propone la creación de nuevos impuestos que incluye, además de los citados, otros sobre el cambio de usos del suelo, sustancias de “elevado nivel de preocupación” como las carcinógenas o tóxicas, extracción de aguas subterráneas, envases no reutilizables, actuaciones en suelo rural, actividades extractivas mineras, el carbono o la pernoctación turística.
El último bloque de impuestos planteados en este documento afecta a la regulación sobre haciendas locales, incluyendo la tasa de residuos, el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y el de actividades económicas, entre otros.
“Estamos en un momento donde todas estas medidas son bastante oportunas”, ha destacado la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ya que “se habla mucho -ha dicho- de presupuestos sociales pero, si no tienen en cuenta los riesgos ambientales del siglo XXI, no serán sociales”.
Se trata de propuestas “eficaces y que cambian comportamientos, que es lo que estamos pretendiendo”, ha añadido Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción, mientras que el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, ha insistido en la necesidad de bonificar la existencia de fincas y terrenos que mantienen la biodiversidad en España.
El informe recuerda que la fiscalizad española, en términos de PIB, ocupa el puesto 25 en la clasificación de fiscalidad ambiental de los 28 miembros actuales de la Unión Europea
